Circular 22.20: Medias sociales y económicas aprobadas ayer

Circular 22.20: Medias sociales y económicas aprobadas ayer

Como seguro sabréis, el Consejo de Ministros de ayer adoptó nuevas medidas de índole social y económica que se implantan a través de la publicación en el B.O.E. de hoy (os anexamos) mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

A continuación, pasamos a resumir los aspectos de este Real Decreto-ley que entendemos pueden interesar en vuestras asociaciones, por su relación con aspectos de gestión empresarial y/o consultas de índole más personal que está recibiendo el equipo asesor. Para concretar más estas medidas os remitimos a este equipo (Teléfono: 94 405 00 19 – 688 767 758  Mail: bizkaidendak.covid19@gmail.com).

 

  1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional (art. 1 y 5).

 

Suspensión “por un periodo máximo de seis meses”, supeditada a que la persona arrendataria acredite que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica relacionada con el COVID-19 conforme a los criterios establecidos en el articulado.

 

  1. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (art. 2).

 

Podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses.

 

  1. Moratoria de deuda arrendaticia de vivienda habitual (art. 3 a 9).

 

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19:

 

  • Automáticas, para los grandes arrendadores (“más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros”), previa solicitud de la parte arrendataria de “aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta” de “reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma” o “moratoria” máxima de 4 meses.
  • En el resto de los casos (el habitual entendemos), previa solicitud de la arrendataria en el plazo de un mes. Tras la solicitud, la arrendadora comunicará en el “plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas” y de no existir medida alguna la arrendataria “podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación” vía ICO para hogares con dificultades derivadas del COVID-19.

 

  1. Moratoria de deuda hipotecaria (art. 16 a 19 y Disposición Final Primera).

 

Se modifican los criterios económicos, si bien lo más importante es que se amplía a los “Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1”. El tiempo de respuesta por el banco se determina en 15 días.

 

  1. Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria (art. 21 a 27).

 

Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

 

Los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de «excusión».

 

Las personas físicas deudoras «de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones».

 

Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de suspensión, la documentación prevista en el artículo 17 y una vez «acreditada la situación de vulnerabilidad económica, el acreedor procederá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas del crédito sin garantía hipotecaria» que «no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual alguna. La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida, a través de cualquier medio».

 

 

  1. Sobre electricidad, gas y agua.

 

  • Bono social de consumo eléctrico (art. 28): Tendrán consideración de

consumidores vulnerables en su vivienda habitual para solicitar el bono social a las comercializadoras  electricas aquellos/as «profesionales por cuenta propia o autónomos» con «derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior» y una renta disponible en la unidad familiar no supere entre 1.566,58 € y 2.193,21 € (tope por 2 mayores y 2 menores).

 

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro. El modelo de solicitud se encuentra en el anexo IV del Real Decreto-ley.

 

  • Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autó-

nomos y empresas (art. 42): Mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha y empresas “podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro (…), al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización”.

 

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación. En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red.

 

Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor (con excepciones puntuales).

 

  • Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del pe-

tróleo, gas natural y agua (art. 29), ya que mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro.

 

  • Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos deriva-

dos del petróleo (art. 44). Mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro titularidad de autónomos que acrediten dicha condición y pequeñas y medianas empresas, podrán solicitar a su comercializador la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).

 

  • Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural (art. 43),

mientras esté en vigor el estado de alarma, pudiendo los autónomos solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno para él.

 

  1. Medidas de apoyo a los autónomos (art. 34).

 

  • Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (art. 34).

 

  1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan requisitos que se establecerán mediante Orden Ministerial.
  2. La moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  3. Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).
  4. Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo.
  5. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud, a través de los medios señalados en el apartado segundo de este artículo. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.

 

  • Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (art. 35).

 

  1. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, con un interés del 0,5%.
  2. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

 

  • Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese

de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Disposición Adicional Vigésima).

 

Para, entre otros supuestos, “empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo” y “trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

 

El importe a recuperar se limita a los “ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria”

 

  1. Gestión de ayudas y subvenciones.

 

Se ha introducido el siguiente matiz en materia de subvenciones y ayudas públicas (art. 54), para las que “ya hubieran sido otorgadas (..) podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada”.

 

No afecta a los plazos de justificación, que si fueron suspendidos previamente pero sí a los de ejecución (cuya ampliación no es automática).

 

Seguiremos informando.

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